Durante la conferencia mañanera del 26 de mayo, Mario Delgado presentó las bondades del Fondo de Pensiones del Bienestar, creado desde el gobierno anterior y que ahora se presenta como una solución, mejor todavía a la demanda de abrogación de la Ley del Issste. Aunque la propuesta ya ha sido desechada por los docentes, ha pasado por el filtro de los especialistas en seguridad social, quienes la consideran un parche con variadas inconsistencias, pongo a debate razonamientos que contradicen la versión gubernamental.
¿Sabes cuánto le pagas actualmente a las administradoras de fondo de ahorro para el retiro?
A partir de la reforma calderonista, toda persona que ingresa al servicio público federal no tiene otra opción que las cuentas individuales. En esa condición, se encuentran 76 por ciento de los trabajadores; pero, según el secretario de Educación, son el universo mayor de beneficiados por el fondo referido. Para esta inmensa mayoría, el decreto de congelación de la tabla de jubilación no es aplicable; los 58 y 56 años de edad para hombres y mujeres es una medida exclusiva para quienes se fueron al Pensionissste en aquel logro que obtuvo la CNTE, luego de 2.5 millones de amparos; pero no es elegible para quienes desde entonces han sido forzados a las Afore personales.
Un egresado normalista obtiene su nombramiento de maestro, entre los 22 y 23 años de edad; desde el inicio, ya no goza del derecho social a la jubilación, porque éste le fue arrebatado en el momento en que lo condenaron a que su retiro dependiera de sus propios ahorros, mermando así, su ya precarizado salario docente. Ahora, para acceder al tan ovacionado fondo, tendrá que cumplir el requisito de 65 años de edad; es decir, si quiere jubilarse con su último salario, y no con la raquítica pensión que le suministrará el banco, deberá trabajar de 42 a 43 años, sin distinción de género.
Ante el argumento de que no hay manera de financiar las propuestas de la CNTE para una reforma pensionaria porque implicaría el desfalco hacendario del gobierno, además del punto anterior, los profesores y otros servidores públicos, como los pertenecientes al sector salud, implícitamente, están dando la anuencia para que el Estado mexicano disponga de las ganancias que inmoralmente, y sin consentimiento de los titulares de las cuentas, están llenando por miles de millones de pesos anuales los bolsillos de la banca privada. Un manejo justo y moderado de acumulación de las ganancias podría refinanciar, incrementar paulatinamente y redistribuir equitativamente el fondo solidario de pensiones.